LOS INOCENTES NO NECESITAN DAR EXPLICACIONES

La Audiencia Nacional archiva la causa contra Gil Losada

            El Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional ha dictado resolución por la que se acuerda el sobreseimiento y archivo de la causa que se seguía contra Gil Losada González. Como recordarán, unos ex cooperantes de la ONG Global Infantil presentaron una denuncia contra su director, en la que le imputaban la autoría de una larga lista de delitos, que iban desde los malos tratos a la muerte de un niño, pasando por los abusos sexuales.

De cómo se denunció

            La denuncia tenía la apariencia de la bondad de quienes, al tener conocimiento de un hecho incriminable, lo ponen en conocimiento de la justicia. No era así. Apenas un análisis superficial disipaba cualquier viso de buena fe en sus promotores. Un anónimo colaborador lo puso de manifiesto brillantemente en la página web de la ONG, bajo el título “Algo no cuadra”. No en vano ha sido el artículo más leído.

            Con la serenidad que nos concede el tiempo transcurrido y la distancia, convendría hacerse algunas reflexiones.

            No se trataba de una simple denuncia presentada en el juzgado, lo que cualquier ciudadano de bien habría hecho. Se pasearon por algunos ministerios de Etiopía, en total fueron cinco, incluido el de Cultura (ya llama la atención, qué tendrá que ver la cultura con los hechos denunciados, pero si, todo tiene su explicación), además de algún servicio diplomático que se dejó escuchar. Se acudió a la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), para incitar reacciones contra la ONG y su dirigente, sorprendiendo la buena fe de sus responsables.

            Una vez en España, no sólo reproducen la denuncia ante la Fiscalía de Barcelona, - de la que al parecer no se fían, o consideran insuficiente - sino que la reiteran en Madrid, omitiendo en cada uno de los organismos a los que acuden las actuaciones previas y paralelas. Esa contumacia que ha persistido a lo largo de estos casi tres años, en todos los órdenes y sedes, refleja una componente psicológica que requeriría de un análisis por especialistas, quienes perfectamente encontrarían su diagnóstico a esta conducta obsesiva.

            Lo cierto es que todas las autoridades activan la investigación. Por el centro de acogida de niños en Addis Abeba desfilan todos los técnicos de los ministerios, quienes emiten los correspondientes informes. La policía investiga hasta los últimos detalles e interroga a los menores. Se celebran los juicios ante los tribunales etíopes, quienes no encuentran prueba alguna que imputarle al Señor Losada. Algunas pseudopruebas causan hilaridad, cuando no malestar.

Inexistencia de prueba objetiva alguna

            Ahora, como se ha dicho, les ha tocado el turno a los juzgados españoles. Como no podía ser de otra forma, han sobreseído la causa, con un razonamiento que, por su simplicidad y corrección, no deja de ser contundente. De las diligencias, dada su generalidad, así como su no correspondencia con un dato objetivo mínimo, únicamente conducen, y en el mejor de los supuestos, a meras sospechas sin potencialidad incriminatoria digna de significación.

La contumacia obsesiva del Señor Jover

            Con estas resoluciones, dictadas tanto en Etiopía como en España, tras una larga y minuciosa investigación que ha durado casi tres años, debería cerrarse el debate y alejar cualquier sospecha que gravite sobre la honorabilidad del Sr. Losada y la ONG. Uno tiene la sospecha razonable de que se volverá a recurrir la resolución. Lo han hecho en anteriores ocasiones, de derrota en derrota ya han llegado hasta el Tribunal Supremo. Inasequibles al desaliento, nada hay que apunte que ahora se cambie de criterio. Si como dicen los clásicos, no hay dos sin tres, es de esperarque se confirme la decisión judicial de sobreseimiento.

Difama, que algo quedará

            Pero como la memoria es flaca, se inventó la escritura y el internet facilitó su difusión. Ahí quedan las hemerotecas y las noticias colgadas digitalmente que recuerdan la injuria y la calumnia. El ataque al honor es como una espita que, cuando se abre, se derrama, se extiende, y jamás será posible recoger. Una resolución judicial que declare la absolución o el sobreseimiento, o como técnicamente se quiera llamar, no es bastante. Ni dos, ni tres, como ha sucedido en el presente caso.

            Las denuncias no se produjeron en silencio, o si se prefiere con discreción, que al fin y al cabo, es lo que busca quien pretendidamente reclama justicia ya no para sí, sino para el prójimo; y más si se refiere a niños y menores, huérfanos y desprotegidos. Hubo una campaña perfectamente orquestada, de una vileza que no encuentra parangón, ni siquiera en la arena política, donde parece que todo valga. Comparecieron en rueda de prensa, exhibiendo una gran fotografía, a modo de pancarta o reclamo, en la que aparecía Taka, un niño al que la zarpa del sida le quitó la vida,  sin que Gil y el equipo médico nada pudieran hacer. Bajo ese pretexto, que no razón, anunciaron ostentosamente la denuncia que ya estaba interpuesta. Después siguió el peregrinaje por las emisoras de radio y los platós de televisión donde, cuantas veces quisieron, faltaron a la verdad. Un rostro compungido, una voz afectada, grandes dotes escénicas y unas “pruebas”, sirvieron para una manipulación.

            Es una atípica y humillante forma de imponer una pena, que ya se conoce como “pena de paseíllo” o “de telediario”, que se contrapone, cuando no infringe, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No vamos, en este momento, a entrar en el papel de los medios de comunicación social, ello excedería de la finalidad de las presentes reflexiones. Lo cierto es que el Sr. Losada fue juzgado paralelamente, incluso antes de que se abriera el proceso judicial. El Sr. Tomás Jover y sus acólitos se convirtieron desde el punto de vista mediático, no ya en una acusación (no olvidemos que era una acusación popular, esto es, no eran perjudicados), sino en juez y parte. Las resoluciones judiciales que se han dictado, sin llegar siquiera a abrir el juicio, es lo que menos importaba. Lo decisivo era una condena popular, un estigma indeleble que se perpetúe en el tiempo, porque la condición humana es así, si generas la duda, siempre hay alguien que dirá: a saber que pasó. Mientras siga la causa abierta estará el frente abierto y persistirá la duda.

            Frente a esa actitud, es de agradecer a determinados protagonistas, y en especial al Sr. Losada que no participaran en este festín mediático. Si difícil es entender el silencio, por aquello de que “quien calla otorga”, más difícil es morderse la lengua cuando a uno le acusan de las mayores vilezas que se pueden cometer: muertes de niños, torturas, abusos sexuales a menores… . Con el tiempo uno felicita esa aparente inactividad, no ya porque ante una condena preconstituida mediáticamente, cualquier intento de defensa hubiera sido estéril. Esta conducta ha permitido un proceso judicial con serenidad, sin presiones externas, porque aquí, ante los tribunales, y con las garantías legales de contradicción y defensa, es donde se ha de dirimir la culpabilidad o inocencia.

Quien no sabe pedir perdón, deberá dar explicaciones

            Si se dice que los inocentes no necesitan dar explicaciones, el Sr. Gil Losada cumplió cabalmente este principio moral. Ahora deberán ser el Sr. Tomás Jover y los demás denunciantes, inductores y colaboradores de tal desaguiso, quienes deban dar las explicaciones. Deberán empezar por hacerlo en Etiopía, donde alguno ya tiene orden de busca y captura. Ante las autoridades etíopes, deberán dar cumplida respuesta, - si pueden – a cuestiones tan simples como si manipularon a los niños  para conseguir sus fines; y a otras más complejas como el porqué de todo esto.

            El Sr. Losada, que ha tenido que comparecer puntualmente todos los lunes durante tres años ante la embajada, si quiere, podrá conceder el perdón. Podrá olvidar cómo su estima personal y, en definitiva, su honor, han sido mancillados. Inclusive podrá ahogar el dolor de haber visto el rostro de su madre, hermanos, familia y amigos en aquel difícil trance. Aunque sea el principal afectado, no le corresponde exclusivamente a él la remisión, porque han sido también otros los perjudicados; se han producido injustamente “daños colaterales”. No podemos olvidar a los casi doscientos niños que durante meses han visto truncadas sus perspectivas, en un estado de angustia vital ante las noticias que se iban infiltrando sobre el futuro incierto del centro, que es su casa, y de sus vidas. Los indigentes, que en estado de pobreza extrema, han visto menguada la ayuda. Los proyectos ralentizados… la mala imagen causada innecesariamente a una ONG, como es Global Infantil… Y la más perjudicada de todas: la propia idea y concepción de la  ayuda humanitaria, que se ha visto cuestionada. Todos ellos piden y exigen justicia.

Junta Directiva